La otra gran
disputa entre el gobierno y la oposición no es el nuevo acuerdo de paz que se
suscriba en La Habana, sino la escogencia de cinco magistrados de la Corte
Constitucional de nueve que integran dicha corporación, creada por el
Constituyente de 1991, se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución, entidad que por más de dos décadas ha marcado el rumbo de las
decisiones más trascendentales del país.
Lo que se
renegocie entre el gobierno y las Farc en La Habana, transcendental para la paz
y convivencia entre conciudadanos es un hecho histórico que mantiene expectante
los términos del nuevo acuerdo que seguro estoy será sin la anuencia de los que
votaron el no tanto en su contenido como en su refrendación, ante las profundas
e irreconciliables posiciones.
Se consideran
como eventuales mecanismos de refrendación, un nuevo plebiscito, cabildo
abierto o vía congreso, este último el más probable según reiterados
pronunciamientos del ejecutivo nacional; contrario a las expectativas de los
que mayoritariamente eligieron el no.
No menos
importante para el gobierno, es la actual reforma tributaria de iniciativa presidencial
que cursa en el congreso que a juicio de expertos es regresiva y avasalla a la
población vulnerable como la clase trabajadora formal e informal y población en
general frente a la carga impositiva que se pretende a los salarios y productos
de la canasta familiar.
Sin embargo, ofrece
exenciones tributarias a los grandes empresarios nacionales y extranjeros.
Tanto lo
acordado en La Habana como la reforma tributaria, necesariamente deben hacer
tránsito en el congreso y posteriormente a control jurisdiccional ante la Corte
Constitucional.
Los
magistrados de la Corte Constitucional son elegidos por el Senado (art. 171-6
Superior), de terna que debe presentar la Corte Suprema de Justicia, el Consejo
de Estado y el presidente de la República.
Los senadores antes
del vencimiento de la presente legislatura deben elegir a los cinco magistrados
que harían nuevas mayorías, nuevos estilos y nuevas apuestas.
Hago la
precisión que, los magistrados son elegidos por el Senado mientras la reforma
tributaria debe hacer curso tanto en el Senado como en la Cámara de
Representante.
“Hemos criticado que parte de los males de la justicia es
la politización de las cortes que entró por la Judicatura. Ahora resulta que se están tomando todas las
cortes, vienen candidatos que cooptan a los otros tribunales cuando fueron
criticados por mala gestión y politización”, aseguró Gloria María Borrero, directora
de la Corporación Excelencia en la Justicia.
Quienes aparecen postulados para ser ungidos en las
respectivas ternas provienen de todos los partidos que integran la Unidad
Nacional, oposición e independientes. En otras palabras todos sin excepción
provienen de una u otra casa política. O sea, se repite la historia “tú me
elige, yo te elijo” y cuando esto ocurre se da también una perversa combinación
“si me investiga, te investigo. Si no me investiga no te investigo”. Así
estamos en Colombia. ¿Hasta cuándo?
Adenda 1: Como
el ejecutivo “manda” se da por descontado que tendrá la mayoría de los magistrados.
Adenda 2: Los
altos funcionarios del Estado como los magistrados de las Altas Cortes deben
ser escogidos por el pueblo mediante el voto popular directo o por concurso de
mérito con intervención de evaluadores internacionales como prueba piloto para
ver si mejoramos. O sino tocará invocar a extraterrestres.
Escribió:
Ignacio Escudero Fuentes
