Sin precedente en la historia colombiana que, otro estado
con sus decisiones pretenda influir en las decisiones soberanas, autónomas e
independientes de las autoridades legítimamente constituidas.
Me refiero a la
inmunda e indebida intromisión del país del norte contra magistrados de las altas
cortes, al parecer por trascendentales decisiones en ejercicio del poder
soberano que les confieren la Constitución de 1991 y las leyes. Sin desconocer
que es una decisión autónoma, que no se puede discutir ni judicial ni
administrativamente.
El revuelo político, administrativo y jurídico que ha
causado las decisiones de Estados Unidos de cancelar la visa a varios togados
de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, en particular, el
ponente de la ley estatutaria de la JEP y ahora de las objeciones en el Senado,
entre otros.
El Consejo de Estado y Justicia Especial de Paz, han
expresado su malestar y rechazo cualquier tipo de injerencia y presión que
pueda ejercer cualquier estado frente a las decisiones judiciales que están
soportadas en la autonomía e independencia. En efecto, la máxima autoridad
judicial en lo contencioso administrativo sobre el particular dijo “respeta
profundamente la autonomía de los Estados y de sus representaciones
diplomáticas en nuestro país”. Sin embargo, manifestó que “no debe utilizarse
absolutamente ningún elemento, decisión o actuación como mecanismo de presión o
represalia frente a las decisiones judiciales”.
Asimismo, se pronunció la Justicia Especial de Paz,
cuando sostuvo “respeta la autonomía de los Estados y sus diplomáticos, rechaza
cualquier decisión o circunstancia que sirva de mecanismo de presión indebida
frente a decisiones judiciales”. Posteriormente, el Consejo Superior de la
Judicatura, que rechaza “cualquier clase de acto que pretenda menoscabar la
autonomía e independencia de la rama judicial”.
Todo lo anterior, al parecer como consecuencia de los
temas álgidos que manejan las altas cortes, en particular la constitucional
que, como “la guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución”,
maneja temas claves que afectan a Estados Unidos, como la decisión sobre el
glifosato, las objeciones a la JEP, otros.
Lo cierto e irrefutable es que, el país se debate en una
profunda crisis igual a mayor que la vivida por los hermanos venezolanos, al
igual que ellos, aparece como el ave fénix el Tío Sam, a dar catedra de
legalidad y transparencia, cuando nuestra independencia y autonomía así sea
normativa, nos señalan que nuestros problemas, independientemente si el
gobierno lo está o no haciendo bien, la oposición lo está o no haciendo bien,
las altas cortes lo están o no haciendo bien. Independientemente de eso, lo
menos que requerimos y exigimos como colombiano es respecto al estado de
derecho, sus instituciones y por supuesto a los servidores públicos en
ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, sin importar si son de
la rama ejecutiva, legislativa, judicial, organismos u órganos de control.
No se discute que, tenemos serios problemas por el alto
índice de indelicadezas en la administración y uso de los recursos públicos a
todos los niveles de la institucionalidad, estimulado por el capital privado
salvaje y avasallador. Tampoco, podemos ocultar la falta de credibilidad, sobre
todo por el aberrante caso del Cartel de la Toga, donde aparecen involucrados magistrados
de las altas cortes. Empero, inaceptable es que servidores públicos de otros estados
pretendan con intimidación someter a los magistrados quienes, en su sabiduría Y
buen tino produzca las decisiones que en derecho correspondan.
Adenda Única: Respeto, pero no estoy alineado con el
gobierno, tampoco con la oposición; apoyo el estado de derecho, en el entendido
que, cualquier interferencia externa, acto injusto, persecución, contra
cualquier autoridad pública, constituye una agresión contra la independencia y
autonomía a la que hace referencia la Constitución de 1991.
escribió:
Ignacio Escudero
Fuentes
abogado especialista en IJP y derecho público Uninacional
- docente Uniguajira
Hoy en horas de la mañana se posesionó ante la Asamblea Departamental,
el nuevo gobernador encargado de La Guajira, Wilberth Hernández Sierra, este
abogado llega al palacio de La Marina luego de ser designado para el cargo por
el presidente de la República, Iván Duque Márquez.
