Ha llegado noviembre del 2016 y con él se acerca el cierre del primer año
de los gobiernos territoriales del período
institucional 2016-2019. Aunque la
evaluación y seguimiento es un proceso diario que enriquece el ciclo de planeación de las
entidades, durante el presente mes se consolida el arranque formal de la
revisión del grado de ejecución y cumplimiento del Plan de Desarrollo por parte
de los alcaldes y gobernadores, el
cual se cierra con el acto de rendición pública de
cuentas a los ciudadanos en febrero de 2017.
Es el cierre del ciclo de planeación y ejecución del primer año de gestión, que permite iniciar y ajustar lo que
será el segundo año en función de los aprendizajes heredados del proceso.
Dentro del ciclo de planeación y gestión de las
entidades territoriales, la rendición de cuenta debe ser entendida como un
proceso estructural que incorpora
el seguimiento, la evaluación y rectificación.
Como resultado de su aplicación, los
ciudadanos esperan mejorar la generación de bienes y servicios sociales que
brindará la administración durante el nuevo año.
Finalmente, el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) en su artículo 78
establece que todas las entidades y organismos de la Administración Pública
tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de
democracia participativa y democratización de la gestión pública.
Por lo tanto,
la rendición de cuentas en los gobiernos territoriales, hace parte integral de ellos,
dado que propicia espacios para socializar y retroalimentar a la gestión
pública.
