Se atribuye a
Bernard Shaw aquello de que lo único que aprendemos de la historia es que el
hombre nunca aprende nada de la historia. Colombia ha sufrido en cada momento
los errores de no entender los procesos de regionalización o la autonomía
regional.
Una de las
realizaciones más importantes, y frustrantes, ha sido la puesta en marcha del
ordenamiento territorial que estableció la Constitución Política. El espíritu
de los constituyentes se concentró en buscar criterios sólidos para proponer
una mejor organización del territorio, más acorde con realidades históricas,
culturales y sociales.
En estos días el
debate mundial se ha centrado en la intención de separación de la comunidad
autonómica de Cataluña. España tiene un sistema de gobierno alrededor de una
monarquía constitucional que se desarrolla bajo un Estado regional, a
diferencia de lo que conocemos como Estados federales o sistemas
presidencialistas.
Mientras los
catalanes insisten a través de los mecanismos democráticos en su separación,
echando un vistazo al caso colombiano, luego que se tramitara la iniciativa
para implementar las Regiones Administrativas de Planeación, RAP como
institución jurídica establecida por el Congreso de la República, varios de los
gobernadores de la región Caribe quedaron desinflados por la carta centralista
que raudo expidió el ministro de Hacienda, Cárdenas.
Como quien dice, le
cortó las alas al ánimo de integrarse sin que aún el esfuerzo territorial tenga
las reglas claras para cada uno de los siete departamentos.
En Colombia no se
le para bolas a las regiones -solo en elecciones- y en la medida que la miran,
en muchas ocasiones, es para estigmatizarlas o intervenirle sus unidades
ejecutoras tal como ha sucedido en algunos departamentos entre ellos La Guajira
con la educación, salud y PDA (Plan Departamental de Agua).
La autonomía que
hace décadas reclaman las provincias de Colombia, se debe no sólo al abandono
de los gobiernos centrales sino a la falta de interpretación de las necesidades
locales que difícilmente se entienden desde un frío escritorio bogotano. La discusión
debe partir en cómo hacer frente a esa dualidad administrativa y económica
entre el centro y las costas. En los diferentes foros o debates que se han
programado por estos días, se deben llevar posiciones antagónicas jurídicas y
técnicas donde se evalúen ambos escenarios.
La RAP per se no me
parece mala, ya que nacería bajo un cuadro de fragmentación de la región Caribe
y en este sentido articularia una organización de concertación política, pero
al mismo tiempo justificando dentro de esos espacios de diálogos, sus bondades
para cada uno de los entes territoriales que la integren.
Hay que centralizar
la política y descentralizar la economía; ha llegado el momento de una
auténtica descentralización administrativa del gobierno nacional tal como lo establece
el artículo 1° de la Constitución Política, sin que ello conlleve salir de la
asfixiante Bogotá para meternos en Barranquilla. El coloquio debe darse entre
iguales ya que este es un país de regiones con comportamientos centralistas y punto.
No es posible con
ejemplos tan sencillos, que una licencia marítima o las decisiones sobre
puertos se dé a 2.600 metros sobre el nivel del mar y no en las costas.
escribió:
Roger Romero Pinto
