Parece que en
Colombia, tenemos dos realidades. Una realidad formal, de derechos a la
seguridad social, de derechos tutelables y otra informal, que va en aumento
desmedido.
Hoy, más de la mitad
de los trabajadores colombianos se encuentran en el sector informal, es decir,
donde se elude la regulación legal y el control fiscal y contable del Estado.
Significa esto, que esos millones de compatriotas están desprotegidos ante
riesgos como la enfermedad y la vejez, además de las inadecuadas condiciones de
trabajo.
Lo preocupante del
asunto es que la informalidad crece en medio del estancamiento económico y los
instrumentos laborales cada vez más sufren los embates de la poca significación
que se le ha dado a profesiones, oficios o labores.
El Banco de la
República y demás centro de pensamientos económicos durante los últimos tiempos
han hecho estudios al respecto para buscarle salidas al frenético desempleo y
aumento de la informalidad en nuestro país. Uno de esos estudios recientes
indica que la fórmula para atacar la informalidad en nuestro país, es que el
gobierno expida un salario mínimo diferencial. Es decir, de acuerdo a cada
región así sería el ingreso de cada trabajador.
Ciudades como
Pasto, Villavicencio, Ibagué, Armenia, Neiva y no podía faltar Riohacha entre
otras, hacen parte de ese grupo de capitales donde la informalidad viene
creciendo como espuma mientras el mercado laboral formal no tiene buen
funcionamiento y las autoridades miran expectantes.
La propuesta
soltada hace unos días por el banco emisor no resulta descabellada y la compara
con aquellos países como Inglaterra, Italia, Alemania y Finlandia donde sus
sistemas de gobierno no tienen un presidencialismo tan marcado como el colombiano
y son Estados unitarios regionales con autonomías de sus regiones que han
adquirido tanto peso e importancia que obligan al gobierno central a
diferenciar el ingreso mínimo mensual y demás políticas públicas teniendo en
cuenta las particularidades propias de cada región.
Aún Colombia
después de 26 años de expedida su Constitución Política, es un país que no ha
hecho tránsito a profundizar la descentralización y autonomía de sus regiones e
incipientemente se empezó a hablar de regiones administrativas y de
planificación posterior a la expedición de la Ley 1454 de 2011. Las llamadas
RAP por ejemplo, es un primer paso en busca de catalizar los proyectos e
iniciativas regionales, de administrar y ejecutar sus propios recursos, a pesar
de la agobiante centralización que hemos vivido por más de 200 años.
Ahora bien, en el
caso del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha mientras no se ponga en
marcha toda la contratación anunciada por la alcaldesa, los recursos públicos
guardados en bancos difícilmente dinamizaran la economía local como primer
renglón que activa el mercado. Sin embargo, una simplificación seria de normas,
combinada con un sistema sancionatorio local a lo informal más que a lo formal,
serían algunos pasos en dirección correcta que tanto la burgomaestre como los
concejales podrían iniciar para ir contrarrestando la informalidad en la
ciudad.
La tarea de
formalizar más la economía no es fácil, sobre todo con ciertos procederes tan
arraigados en la cultura, los cuales requieren de esfuerzos educativos y culturales
de largo aliento para solucionarlos.
Punto Aparte: el procurador
General de la Nación se apersonó de la grave situación que sufren usuarios del
sistema de salud y empezó a tomar acciones. Lo de Medimás es la punta del
iceberg que paulatinamente viene derritiéndose. Ya las EPS ni con tutela y
desacato le temen al arresto para cumplir servicios de salud o pagar
prestaciones sociales.
escribió:
Roger Romero Pinto
