Son muchos los
retos que deben enfrentarse para lograr implementar los servicios requeridos
por la administración pública en materia nutricional y de transporte de los
menores de edad en etapa escolarizada.
Revisemos el tema
de la alimentación escolar: consultado el Sistema Electrónico para la
Contratación Pública, Secop, en un proceso aperturado para el año 2017 por la
Alcaldía de Cúcuta, Norte de Santander, el costo por ración diaria quedó
estimado en 3 mil 686 pesos y 96 centavos.
Usando el mismo
procedimiento para calcular costos, pero esta vez sobre una base de 22 días
calendario escolar mes y 10 meses de clases (40 semanas), obtenemos que el
costo para alimentar a los niños (usando la matricula del 2016) sería de $ 74.133’336.024,oo
para el 2017.
El presupuesto del
Departamento de La Guajira destinado para atender el PAE asciende a solo 19.238 millones 559 mil 315 pesos para el año
2017 para atender jornada regular y jornada única urbana y rural, pero el costo
de la tabla anterior es solo para indígenas rurales dispersos.
Hay que aclarar que
parte del valor disponible en el Departamento son saldos 2016 no ejecutados por
problemas de contratación, es decir, son recursos extraordinarios y no
regulares.
Esta situación hace
que los niños especialmente indígenas de rancherías dispersas cuya oferta
escolar está a muchos kilómetros de distancia, y sumado a su pobreza
multidimensional que según el Dane (Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas) sobrepasa el 90%, y ante
los altos costos del transporte escolar, más la inexistencia de vías aptas (son
trochas), y la baja cobertura del PAE que genera hambre, y otros factores como
la precarias aulas, falta de agua, etc.
Todo esto
contribuyen a tan alta tasa de deserción escolar existe, calculada en el 93 %
para Manaure y 95 % para Uribía, lo que explica porque la existencia de los mal
llamados Niños Fantasmas, que no son sino menores que se matriculan e inician
el ciclo escolar pero que por la pobreza y el hambre y las distancias, y los
exiguos recursos asignados para atenderlos, les impide estudiar, vulnerándose a
si sus derechos a la educación.
Combatir esta
situación es uno de los grandes retos del Departamento, los municipios y la
Nación, donde el primer paso que se debe realizar es reconocer la existencia de
esta problemática.
Escribió:
Mauricio Ramírez Álvarez
