Muchas son las
dificultades que afrontaron o todavía enfrentan los mandatarios que ha dirigido
La Guajira, quienes después de finalizarse sus períodos quedan vinculados con
investigaciones y hasta sanciones de índole penal, disciplinaria y fiscal.
En la ocasión
anterior colocamos a dos de los gobernadores ellos fueron: José Luis González y
Juan Francisco Gómez, ahora complementamos este informe con tres más: Hernando Deluque
Freyle, Álvaro Cuello Blanchar y Jorge Pérez Bernier.
HERNANDO
DELUQUE FREYLE
Por encontrarlo responsable en los
delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por
apropiación la sala de casación penal de la
Corte Suprema de Justicia lo condenó a nueve años de prisión.
El exmandatario departamental
quien gobernó en 2001-2003 fue hallado responsable de las irregularidades que se presentaron en la
celebración de contratos para las obras de
mantenimiento y rehabilitación de las vías en La Guajira, así como las fallas
en el convenio para la construcción de la cubierta de la primera y segunda
etapa del Colegio Sagrada Familia de Riohacha.
ÁLVARO CUELLO
BLANCHAR
Estos
problemas de investigación se remontan a las realizadas contra el exgobernador
Álvaro Cuello Blanchar, este sociólogo fue elegido para el período 1997-2000.
La
Procuraduría General de la Nación lo destituyó e inhabilitó en fallo de segunda
instancia por el término de 5 años por irregularidades en la celebración de
contratos de obras, suscrito con el consorcio vial GU para el mantenimiento de
las vías terciarias en el departamento.
JORGE EDUARDO
PÉREZ BERNIER
En su segundo
período como gobernador que se realizó en 2007-2011. Es el menos comprometido
de los mandatarios de La Guajira, a quien la Procuraduría General de la Nación
le formuló a este ingeniero civil pliego de cargos y le tiene un proceso por
posibles irregularidades presentadas en seis contratos de prestación de
servicios de salud.
Dentro de las
investigaciones de la Contraloría General de la República, el exgobernador
Jorge Pérez Bernier, inició la contratación del Plan de Infraestructura
Educativa Departamental por 90.000 millones de pesos, que se invertirían en 25
colegios.
Después le
hicieron una adición por $ 44.963 millones, para un total de 134.963 millones
de pesos, A la licitación pública de 2009 se presentaron dos proponentes y fue
escogida la Unión Temporal del Norte, integrada por las empresas Ávila Limitada
y H&H Arquitectura –vinculada a los escándalos contractuales de los Nule en
la Costa–, que tenía entonces como representante legal a Carmenza Ávila
Chassaigne.
INFORME FINAL
