Un nuevo caso de
negativa de un indígena wayuu al traslado a un centro de mayor complejidad en
salud se registró el día de ayer en la ESE hospital Armando Pabón López en
Manaure.
Como Edwin José Henríquez Uriana fue identificado
el menor de 9 años que presenta un acceso en su pie derecho ocasionado por una
fractura, el cual debía ser trasladado al hospital San José de Maicao ya que
por lo complejo de la herida estaba en riesgo su salud. Ante esta situación y
pese a la intervención de la defensora de familia del Icbf, la Secretaría de Salud
Municipal, la directora de Asuntos Indígenas, Personería, de médicos y
enfermeras, los padres y abuelo del menor se negaron a este traslado y
manifestaron que ellos se lo llevaban a su ranchería Mocochinamarre ubicada en
la zona de La Sabana, para que lo siguiera tratando un piache.
Este episodio se suma a dos presentados la semana
anterior en que también la familia negó el traslado de los niños, los retiraron
del hospital y cuando regresaron por insistencia de los líderes de la comunidad
y del equipo intersectorial que trata estos casos en La Guajira, ya era
demasiado tarde.
Al respecto el alcalde municipal Davis Díaz Rivera
muy preocupado por esta situación ha solicitado a las entidades estatales que se
relacionan con la atención y protección de los derechos de los
indígenas “una intervención efectiva,
a través de la adopción de políticas, medidas y acciones, que concilie los
patrones culturales de la comunidad wayuu de Manaure, con los derechos
fundamentales a la salud y a la vida de la gestante, de quien está por nacer y
de los menores que se encuentran en condiciones precarias de salud,
privilegiando lógicamente la garantía de derechos de los pacientes que por sus
condiciones de vulnerabilidad requieren de una atención especial”.
Otra medida tomada por
el alcalde municipal ha sido conminar a las ESE, Ipsi, Epsi, ong’s que operan
en el municipio para que para que cumpla plenamente con sus obligaciones constitucionales, legales y contractuales en el sector salud, en
aras de evitar en lo sucesivo el acaecimiento de muertes en niños y mujeres
gestante, derivadas de actitudes indiferentes con el ejercicio de sus
competencias y se dispense una mejor atención a nuestra población.
La administración
municipal ha advertido a estas entidades que no tolerará una sola muerte más, por lo que una
vez advierta la concurrencia de fallas atribuibles a la prestación del
servicio, solicitará a cada una de las autoridades competentes, la iniciación
de las investigaciones de rigor y la imposición de sanciones ejemplarizante,
previstas para cada caso particular. Así como tampoco permitirá que falsos
líderes sigan lucrándose con el dolor y la muerte de nuestros hermanos wayuu.
Lilian Ivette DeLuque Brugés
Directora de comunicaciones
