Ante la Fiscalía
General de la Nación el exalcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar,
interpuso una denuncia penal en contra de Antonio Navarro Reina, Raúl Quintero
Lions, Luis Fernando Arboleda, Luis José Londoño, Johana Segreda Mercado, Diego
Fernando García Arias y Edmundo Rodríguez Sobrino, exdirectivos de Metroagua,
Inassa y Canal Isabel II.
La denuncia penal,
que fue dirigida al fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez,
pretende que tanto el Distrito de Santa Marta, así como la ciudadanía afectada
por las malas prácticas de Metroagua sean reparada por ser víctima de
detrimento patrimonial.
“Los exgerentes y
representantes legales denunciados, en contubernio con exalcaldes del Distrito
de Santa Marta, se encargaron de tornar lesivo para esta entidad territorial un
acuerdo bilateral que correlativamente favoreció los intereses de los grandes
socios privados de la empresa prestadora”, asegura la denuncia penal de Caicedo
Omar, quien agrega que dicho contrato no solo se constituyó en un detrimento
patrimonial para la ciudad, sino que afectó a los ciudadanos.
La empresa privada
Metroagua tenía en su poder desde el año 1.991 las redes de acueducto y
alcantarillado de Santa Marta bajo la modalidad de arriendo amparados en un
extraño contrato en el que se quedaban con el recaudo, no tenían
responsabilidad de invertir en infraestructura y por si fuera poco, estaban
exonerados de pagar por la tenencia de las redes.
Debido a que
Metroagua no tenía obligación de invertir las redes de acueducto y
alcantarillado se deterioraron rápidamente y como consecuencia el 17% de la
población nunca estuvo conectada a las redes de acueducto y el 24% de los
hogares tampoco tuvieron acceso al acueducto sanitario. Esto generó una crisis
de salud, sobre todo, entre la población menor de cinco años.
Según el documento
radicado por Caicedo Omar ante el ente acusador el martes 4 de julio, la
denuncia penal se interpuso por “la eventual comisión de delitos contra la
administración pública, con ocasión de la ejecución del contrato de servicio de
acueducto y alcantarillado en la ciudad de Santa Marta”.
Dicha comisión de
delitos con la que se afectaron gravemente las finanzas del Distrito de Santa
Marta se habrían presentado desde 1.991, cuando, irregularmente, se suscribió
un contrato de arrendamiento entre el Distrito de Santa Marta y aquella empresa
privada.
En ese mismo año la
Alcaldía de Santa Marta decidió privatizar la prestación de los servicios de
acueducto y alcantarillado, pero en vez de abrir una licitación pública para
contratar por una concesión a un operador, contrataron a dedo a Metroagua bajo
una cuestionada figura legal: el arrendamiento de bienes.
Fuerza Ciudadana
comunicaciones
