En Colombia el abandono del campo es proverbial,
ni la economía campesina ni la agroindustria han podido pelechar, de allí que
históricamente casi siempre ha crecido por debajo de la economía y la ausencia
del Estado ha permitido que los ilegales copen ese vacío e impongan su ley, ya
sea por la fuerza o a través de la cooptación.
El fenómeno de descampesinización en Colombia no
tiene nada que ver con los procesos que registra la historia cómo etapa
embrionaria del desarrollo del capitalismo clásico, entre otras cosas porque en
Colombia el desarrollo del capitalismo fue tardío y deforme. La gran diferencia
entre lo acaecido en Colombia y en los países desarrollados es que en estos el
desplazamiento de los campesinos a las ciudades obedeció a su industrialización,
mientras tanto en nuestro país se ha producido un virtual vaciamiento del campo
por cuenta de la pobreza y la violencia que los confina o expulsa hacia los
cinturones de miseria de las ciudades.
En el campo se concentra la pobreza, el
analfabetismo, el desempleo y la exclusión social, principales lacras de la
sociedad colombiana, una de las más desiguales del mundo. Colombia en los
últimos años ha avanzado en la superación de la pobreza, aunque esta sigue
siendo mucho mayor en el campo (13´121.000 siguen en la pobreza extrema), pero
no en lo atinente a la desigualdad que, por el contrario, se acentúa. Basta con
decir que el Gini rural pasó de 0.74
a 0.88 y no es para menos habida cuenta que el 77% de la tierra la acapara el
13% de los propietarios, al tiempo que el 36% de estos poseen el 30% de la
tierra.
El campo colombiano no se reduce a la agricultura
y a la ganadería, afectadas hace muchos años por el raquitismo, sobre todo
desde la apertura atolondrada hacia adentro decretada en 1991. Es muy diciente
que, como lo afirma el experto Juan José Perfetti, “en Colombia desde el año
2005 la producción agrícola total se mantiene alrededor de los 25 millones de
toneladas”. Resulta patético comprobar que teniendo 7 millones de hectáreas
aptas para el cultivo de maíz, arroz y soya a 480 kilómetros de Bogotá, estemos
importando más de 10 millones de toneladas de granos y aceites desde Argentina
que dista 10.700 kilómetros de Bogotá, de Brasil que está a 9.000 kilómetros o
de Iowa (EEUU) a 6.500 kilómetros. Y ello pasa, sencillamente, porque en otras
latitudes el agricultor y la agricultura cuentan con el apoyo y el estímulo por
parte del Estado con los que no cuenta el campo colombiano.
El Informe del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (Pnud), que tuvo como director Académico al reputado
profesor Absalón Machado, fue muy
descarnado en su diagnóstico: “Colombia es más rural de lo que se cree,
pero cuenta hoy con más hectáreas en minería que en producción de alimentos. El
Gobierno firma tratados y asociaciones de libre comercio y crea incentivos para
el empresariado agroindustrial pero, con honrosas excepciones, el desempeño
productivo agropecuario deja mucho qué desear. Entre tanto, sectores de
pequeños y medianos campesinos esperan del Estado medidas de más envergadura
para evitar que sus economías desaparezcan o queden reducidas apenas a medios
de sobrevivencia”.
Pero, preocupa aún más la constatación de que no
obstante “la mayor vulnerabilidad de los pobladores rurales…la
institucionalidad estatal para atenderlos se ha debilitado o desaparecido y las
coberturas en la provisión de bienes y servicios públicos (educación, agua
potable, infraestructura, salud, saneamiento básico, asistencia técnica,
etcétera) no se comparan con el peso de las estrategias y programas de
subsidios sectoriales que en la práctica benefician a quienes tienen más
capacidades y recursos”. Así es cómo se difumina el Estado, cuando no es que
reduce a su función a servir de gendarme, lo cual ha llevado a los campesinos a
percibir el conflicto armado que padecen como una guerra ajena a ellos, que son
quienes sirven de carne de cañón, ya sea como conscriptos o como
proscritos.
Enhorabuena tres años después del informe del Pnud
se dieron a conocer los resultados de la Misión para la Transformación del Campo,
bajo la batuta del exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, con miras a
“saldar la deuda histórica con el campo” colombiano. Esta Misión vino a llenar
un vacío, el de la falta de una política de Estado tendiente a sacar al campo y
a los campesinos de su postración inveterada, generando condiciones de
protección, inclusión y cohesión social, elementos esenciales para construir
una paz estable y duradera. Su objetivo es claro, se trata de “garantizar
oportunidades económicas y derechos económicos, sociales y culturales a
nuestros habitantes rurales” y a quienes retornen añadiríamos nosotros, “para
que tengan la opción de vivir la vida digna que quieren y valoran”, reconstruyendo
el tejido social desgarrado por la violencia despiadada que los ha escarnecido.
Esta es una asignatura pendiente del Estado colombiano.
por: Amylkar
Acosta Medina
