
Para la autoridad
judicial en la capital de La Guajira hubo comisión en el delito de falsedad de
documento, se presentaron cuatro actas con información falsa; la administración
contrató ilegalmente con Asocar y la obligación del mandatario era revisar
enteramente el contrato y su ejecución.
Al mismo tiempo, el
togado divulgó que hay autoría en los delitos de contrato sin requisitos
legales, y peculado. Los funcionarios no hicieron control debidamente a la
inversión de los dineros públicos; que también se pagaron servicios que no se
presentaron.
Los procesados
serían enviados a centros carcelarios, en el caso de Velásquez Rivadeneira, lo trasladarían a La
Picota y a Acosta Novelis hacia el Buen Pastor.