La excelencia de la arquitectura institucional del sector
y su reconocimiento internacional, los avances en materia regulatoria y los
logros en materia de cobertura y calidad en la prestación del servicio,
excepción hecha de la región Caribe por razones bien conocidas, no nos debe
llevar a la autocomplacencia. Ya en su momento, a instancias de la Andi, el
Gobierno Nacional a través de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo
y Minas y Energía, se contrató un estudio con la firma Ecsim, el cual estuvo
encaminado a identificar aquellos factores que han impedido que bajen los
precios de la energía, para que estos no afecten la competitividad de la
industria colombiana. Y ello, partiendo de la base que la competitividad de un
sector de la economía no se logre a expensas de otro sector.
En dicho estudio se detectaron algunas fallas en el
funcionamiento del mercado que deben corregirse, tales como la gran
concentración de la oferta, el alto grado de integración vertical, directa e
indirecta, de parte de algunos agentes, que causan distorsión y hace vulnerable
el mercado al abuso de posición dominante. Ello obliga a introducir mejoras en
el funcionamiento de la bolsa por parte de la Creg, no con ánimo
intervencionista, sino con el criterio de que el Estado debe ejercer su poder
regulatorio, que es su última trinchera, para
que el mercado funcione apropiadamente corrigiendo sus imperfecciones.
Entre las 30 recomendaciones de este estudio, además de
los ajustes en materia regulatoria, se proponen acciones tendientes a hacer un
uso más racional y eficiente de la energía, dado que el costo de esta no se
reduce a su precio sino que la factura del servicio que se recibe depende
también de las buenas prácticas por parte del consumidor, sea este industrial,
comercial o domiciliario.
Precisamente, en respuesta a tales recomendaciones, al
expedirse la Ley 1715 de 2014, además de “promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales
de energía”, buscando contar con un sistema energético más sostenible
ambientalmente, se busca promover la gestión eficiente de la energía, que
comprende tanto la eficiencia energética como la gestión de la demanda. De
hecho ya se dio un primer paso al reglamentarse dicha Ley, permitiendo que
autogeneradores y cogeneradores puedan comercializar sus excedentes de energía
utilizando las redes de transmisión del Sistema. Ello le va a representar
importantes economías al sector industrial. En cuanto a la gestión de la
demanda, se están contemplando medidas que den señales e incentivos tendientes
a inducir bajos consumos, tales como la medición horaria, cargas
interrumpibles, medidas todas que pueden contribuir a reducir el valor de la
factura, que es lo que al final importa al usuario.
Se propende, además, por la
generación y uso de energías alternativas, preferiblemente de aquellas que son
renovables y limpias como la energía solar y eólica. En la región ejemplos dignos de imitar por
parte del sector productivo en procura de ahorrar energía, hacer un uso más
eficiente de esta y reducir el costo de la factura por la prestación del
servicio. En Chile la estatal minera Codelco cuenta con tres calderas
industriales que venían consumiendo 60.000 barriles de diesel al año para el
laboreo de la mina llamada Gabriela Mistral en honor a la poetiza chilena y
ahora una planta termosolar que consta de 3.000 paneles solares y operada por
el consorcio integrado por la empresa chilena Energía Llaima SpA y la danesa
Arcon-Sunmark le están proporcionando el 80% de la energía requerida. Y estamos
hablando de una energía renovable, limpia y de bajo costo, después de soportar
durante años algunos de los costos energéticos más altos del mundo.
Es más, según la consultora
Ernst & Young, el sector minero en Latinoamérica invertirá de aquí al año
2022 más de US $1.000 millones en proyectos de energía renovable, que contrasta
con los US $37 millones que se invirtieron en 2013. Allí hay un filón enorme a
explotar en un país que, como Colombia, cuenta con un gran potencial en esta
materia, en momentos en que los costos de la energía eólica y solar caen
dramáticamente y se tornan cada vez más competitivas (los precios de las
turbinas y equipos para generación han caído el 40% en la última década). A
ello apunta la Ley 1715 expedida el año anterior, al incentivar la generación y
el uso de las energías no convencionales en Colombia.
por: Amylkar Acosta Medina
