Estamos a pocos días del 25 de este mes, fecha ésta en la que se darán cita
los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para
adoptar oficialmente la Agenda 2030 con el fin de alcanzar los Objetivos del
Desarrollo Sostenible (ODS). Recordemos que esta iniciativa fue propuesta por
el presidente de la República Juan Manuel Santos en la Cumbre Rio + 20 en 2012
y acogida unánimemente por los países participantes en la conferencia de las
Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible.
Se trata de darle solución de continuidad a
los esfuerzos realizados por parte de la comunidad internacional tendientes a
alcanzar los 8 Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), con sus 40
indicadores, que en el caso particular de Colombia no se alcanzaron todos, ya
que según Fabrizio Hochschild, coordinador residente de la ONU, avanzó en la
dirección correcta “pero no a la velocidad necesaria”. Luego del cierre del
2015 y del balance del cumplimiento de las metas planteadas en los ODM, el
primero de enero del próximo año servirá de grilla de partida para alcanzar los
17 objetivos planteados y sus 169 metas hacia el 2030.
Desde luego los ODS son mucho más ambiciosos
que los ODM y de más amplio espectro, se propone construir un mundo con menos
precariedades, buscan también reducir las brechas entre países, regiones y
localidades, que prime la equidad, contribuyendo a una mayor movilidad social
ascendente corrigiendo la desigualdad de
trayectorias. Los ODM tuvieron el mérito de poner en el centro de gravedad
y de la atención de los gobiernos el desarrollo
humano mediante la reducción de la pobreza extrema, en lugar de las frías
cifras del crecimiento del PIB. Esta vez los ODS se centran en la promoción de
una estrategia de desarrollo económico y social incluyente y sostenible, que le
asegure un mejorestar a las actuales y futuras generaciones.
Como lo afirma la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena “la
diferencia entre ambas agendas es relevante para América Latina y el Caribe: la
nueva hoja de ruta aborda varias dimensiones de la desigualdad, el principal
problema de nuestra región”. Y lo es aún más para Colombia dado que, según el
más reciente informe del Pnud, con un coeficiente Gini de 0.53, ocupa el 14º
lugar con mayor desigualdad entre 134 países observados. Ello obedece, en gran
medida, a que, cómo lo afirma la experta Consuelo Corredor, “en este país se
han hecho esfuerzos para enfrentar la pobreza, pero poco y nada en
desigualdad”.
Indudablemente la inclusión social y la
reducción de la desigualdad pasan por la promoción del empleo digno y de
calidad, esta es la clave. Pero, para generar más y mejores empleos, así como
para superar los alarmantes índices de informalidad que acusa la realidad
colombiana es absolutamente necesario replantear el modelo de desarrollo. La
crisis actual, provocada por la destorcida de los precios de los productos
básicos han puesto al desnudo sus vulnerabilidades. Hagamos de esta crisis la
oportunidad para impulsar la industria, la agricultura y la ganadería, único
camino para diversificar nuestra oferta exportadora. No obstante, ello no se va
a dar por generación espontánea, se requiere de políticas públicas de fomento y
promoción de tales actividades, sin que estas se confundan con el trasnochado
proteccionismo a ultranza.
Como bien lo afirma Alicia Bárcena, “el
desarrollo sostenible exige una considerable acción colectiva” y
afortunadamente, acota ella, hoy se dispone en la región de “nuevas y mejores
herramientas y de una sólida institucionalidad para llevar a cabo un proceso
transformador y superar el rasgo más acusado de nuestra región: la
desigualdad”. Y, para rematar, “tal y como lo resalta la nueva Agenda, nuestra
obligación es no dejar a nadie atrás”. Nada más, pero tampoco nada menos!
Por: Amylkar
Acosta Medina
