Con la aprobación en los tres debates reglamentarios, la Asamblea
Departamental le entregó facultades al gobernador José Ballesteros Valdivieso
para hacer ajustes al programa de saneamiento fiscal y financiero de La
Guajira.
El proyecto buscaba por parte del ejecutivo contar con la autorización
para prorrogar los convenios, suspender algunas rentas para sustituirás por
otras y sustituir fuentes de financiación, para poder cancelar los 30 mil
millones de pesos que resultaron favorable a la Universidad de La Guajira
mediante una sentencia judicial.
Se estableció que estos recursos corresponden a dineros por Ley 30 de
1992, donde se desembolsa el ingreso por cada estudiante de esa Alma Mater, que
dejaron de hacerse en un promedio de diez años.
Al mismo tiempo, se precisó que en el segundo debate de las sesiones
extras de la duma se aprobó el informe de comisión, que modificó los artículos
2 y 4 del proyecto inicial.
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