
Se conoció que una vez los semovientes estaban en las
fincas ubicadas en La Majayura, especialmente, en complicidad con algunos
funcionarios del ICA, legalizaban las vacunaciones, inventarios y las guías
para la movilización; quedando de esta forma listo para comercializarlos en
cualquier parte del país sin ningún problema.
Dentro de la operación ilegal se precisó que los
empleados de la entidad pública cobraban la suma de 153.000 pesos para la
entrega de los respectivos documentos.
Se calcula que esta organización criminal estaba
introduciendo a Colombia cerca de 350 cabezas de ganado de contrabando al mes,
es decir unas 4.200 reses al año.
Esta operación fue realizada por la Policía Fiscal
Aduanera, Polfa en La Guajira, en coordinación con la Fiscalía General de la
Nación, y el Ejército Nacional en algunas de las acciones en el área rural.
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