La insolencia no pudo ser mayor. El señor Everett Eissenstat, integrante de
la unidad legislativa del senador, Orrin Hatch, lanzó una velada amenaza contra
Colombia por la valiente decisión tomada por el ministro de Salud, Alejandro
Gaviria, de levantar el velo de la exclusividad de la patente de corso de la
multinacional farmacéutica Novartis sobre el medicamento Imatinib, rotulado
comercialmente como Glivec.
Esta es una vieja trifulca que se viene
dando en el mercado de los medicamentos entre los de marca y los genéricos, que
teniendo el mismo principio activo son mucho más asequibles por sus bajos
precios con respecto a aquellos. Ante la negativa de Novartis, que se rehusó a
rebajar su precio un 50% como lo reclamó el Ministerio de Salud, el titular de
la Cartera le solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar
de interés público, como en efecto lo es, este medicamento y abrirlo a la
competencia.
Y allí fue Troya. Ellos no están dispuestos a dar su brazo a
torcer y de buenas a primeras osó Everett espetar que si el ministro persiste
en su propósito Colombia sería objeto de “tratamiento especial”, terminaría en
capilla y tal circunstancia, según él, podría llegar a “interferir con otros
intereses que pudiera tener Colombia en EEUU”. Así de burda
es la amenaza que Colombia toda debe rechazar enérgicamente.
Lo que está en juego no es asunto de poca monta, la ley estatutaria de la salud,
consagra que “el derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en
lo individual y en lo colectivo”, así de claro. En este caso, como en tantos
otros, es la salud de 3.200 pacientes que padecen en Colombia la leucemia
mieloide crónica (LMC) la que está en juego, como también la salud de las
finanzas del sistema de atención en salud dado que atentan contra su
estabilidad y sostenibilidad.
Todavía no se sabe en qué va a parar este rifirrafe entre el ministro de
Salud y la multinacional suiza Novartis, pero el ministro acaba de anunciar que
obviará el trámite ante la Superintendencia y optaría por otra vía mucho más
expedita para lograr el mismo propósito, que dicho medicamento sea más
accesible a los pacientes. El primer paso, lógicamente, es la declaratoria de
interés público de este medicamento para, a renglón seguido, como lo manifestó
el ministro, proceder a “la aplicación unilateral del precio, bajar el precio”
y “será una comisión nacional la que se encargue de fijarlo”. Dicho de otra manera, se pasaría del precio de “mercado” al precio
administrado del mismo. No habría, entonces, que esperar a que la
Superintendencia apruebe o desapruebe la licencia obligatoria a Novartis,
despojándola de la exclusividad para producir dicho medicamento, que estaría
sujeta a condiciones tales como su escasez en el mercado y este no es el caso. Si el ministro finalmente da este paso será
de efecto inmediato, que es lo que se busca, porque según él mismo, “la
licencia obligatoria solo haría que ocurriera después de un tiempo”.
La reacción de la Asociación de
Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo no se hizo esperar y
salió en defensa, ya no de la patente de la molécula Imatinib, sino en defensa
de las utilidades que el mismo le reporta a la empresa que ahora mantendría la exclusividad de su
fabricación. En efecto, su presidente
Gustavo Morales, que viene de ser superintendente de Salud (¡manes de la puerta
giratoria!), “si no hay razones de interés público para expedir una licencia
obligatoria, tampoco las hay para aplicarle un nuevo control de precios, ni
para ningún otro efecto”. Es decir, según él,
nos tenemos que resignar a que el precio de este medicamento siga por las
nubes, sin control alguno. Ello no es admisible, porque sería tanto como
rendirse a los pies de los intereses creados de estos pulpos que atrapan con
sus tentáculos constrictores el Sistema Nacional de la Salud.
A la polémica que desató esta decisión del ministro Gaviria se vino a sumar
otra mucho más insólita e inaudita, que guarda una estrecha relación con la
anterior. La piedra de escándalo la puso el representante a la Cámara, Hernando
José Paladuí, al presentar un proyecto de Ley a través del cual se pretende
prohibir recetar a los pacientes del SNS, contributivo o subsidiado,
medicamentos genéricos. Se parte de una
base falsa y es la creencia bastante generalizada de su inocuidad, cuando la
realidad es que el genérico es el mismo medicamento de marca o comercial, sólo
que entra al mercado una vez se vence la patente de este último, desde luego,
conservando la molécula el mismo principio activo.
De prosperar esta iniciativa legislativa, al sacar del mercado a los
genéricos los de marca lo capturarán totalmente e impondrán sus condiciones,
pues no tendrán competencia y por lo tanto podrán abusar a sus anchas de su
posición dominante, encareciendo de manera exorbitante el costo para el SNS y
también para el bolsillo de los pacientes.
por: Amylkar
D. Acosta M
