En lo que va corrido de este mes La Guajira ha
recibido dos noticias que la trascienden, una buena y otra mala, muy mala. La
primera de ellas, la declaratoria por parte de la Unesco del Vallenato, que es
su música vernácula, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, como una
“acción para preservarlo para siempre” y la otra, infausta, el pronunciamiento
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) decretando unas medidas
cautelares, mediante Resolución 60 del 11 de los corrientes mes y año,
tendientes a “preservar la vida y la integridad” de niños y adolescentes en los
municipios de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao, amenazados por el flagelo del
hambre y la desnutrición.
Se entiende su decisión, en la medida que la Cidh tiene
por finalidad salvaguardar los derechos esenciales de la persona humana y en la
medida que Colombia es signataria de la Convención Americana de Derechos
Humanos (Cadh), la misma tiene carácter vinculante y por ello mismo de obligatorio
cumplimiento, máxime cuando los derechos que protege preventivamente hacen
parte del bloque de constitucionalidad, según lo prevé el artículo 93 de la
Constitución Política. Además, la Corte Constitucional, máxima guardiana
de la Carta, así lo ha reiterado en
varias de sus sentencias, desde la T-558 del 2003 hasta la más reciente, la T
-078 de 2013.
En efecto, en respuesta a la demanda interpuesta
ante la Cidh por parte de Javier Rojas, representante de la Asociación de Autoridades
Indígenas Wayuu y la abogada Carolina Sáchica, la misma aduce como sustentación
de dichas medidas que “tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la
Comisión considera que la información, en principio, demuestra que los miembros
de estas comunidades se encuentran en una situación de gravedad y urgencia,
puesto que sus vidas e integridad personal se encontrarían amenazadas” y pone
en “riesgo de salud por desnutrición y por la falta de agua” a la población
infantil en la región. Sustenta, además, su determinación en el hecho que,
según sus cifras, en los últimos 8 años han perecido 4.700 niños de la
comunidad wayuu en La Guajira atribuible a causas asociadas con la
desnutrición. Se trata, entonces, de que el Estado tome las medidas
conducentes “para preservar la vida y la integridad personal” de los niños,
niñas y adolescentes indígenas de tales comunidades. Según Sáchica, esta es “una luz de esperanza para
el pueblo wayuu, frente al abandono en el que están”.
La verdad sea dicha, Colombia
es el país de las desigualdades, no sólo en ingresos y oportunidades sino
también interregionales e intrarregionales, con unas enormes e irritantes
brechas. Una de las metas del milenio que Colombia no alcanzó y que ahora se
reitera en los objetivos del desarrollo sostenible es la de la erradicación de la desnutrición
infantil. La realidad que se delata en el proveído de la Cidh
y las circunstancias que la rodean no son una novedad; duele decirlo y
reconocerlo pero son, además de incontrastables, inveterados.
En un estudio realizado por Karina Acosta Ordóñez para el
Banco de la República se pudo establecer que La Guajira en la región Caribe y el
Vaupés tienen alrededor de una tercera parte de niños en edad escolar que
sufren de desnutrición. Pero, además, se pudo verificar que cuando se excluye a
la población indígena “los niveles de desnutrición se reducen en algo más del
50%”, lo cual pone de manifiesto que es éste el segmento poblacional más
afectado por esta lacra social. Esta situación es intolerable y
amerita correctivos prontos y eficaces para evitar males mayores, dado que
según el médico Nicolás Ramos, presidente de la Sociedad Colombiana de
Pediatría, “la adecuada alimentación durante los primeros 1.000 días es
fundamental para el crecimiento cerebral y, por ende, para de el desarrollo de
capacidades cognitivas, aprendizaje y motrices”. De manera que, de seguir cómo vamos, lo peor para esas
criaturas estaría por venir, como baldón para una sociedad indolente con su
suerte.
Valga decir que son múltiples las circunstancias que han
llevado a tan lamentable situación, destacándose entre ellas el abandono
secular por parte del Estado, que sólo recientemente, sobre todo durante la
administración Santos, se ha apercibido de ella y ha venido tomando medidas
que, aunque bien intencionadas, resultan insuficientes para encarar esta
tragedia humanitaria dada su magnitud. En ello también ha influido la
honda crisis administrativa que sacude al Departamento, la cual incide en el
deterioro se su gobernabilidad, al punto que en los últimos cuatro años ha
tenido cuatro gobernadores al mando. También ha contribuido a ello la
corrupción que carcome las instituciones, que deberían estar al servicio de las
comunidades y no servirse de ellas por parte de quienes las detenten.
Se requiere, para dar cumplimiento a las medidas
cautelares dispuestas por la Cidh, que el Gobierno tome medidas de mayor
contundencia, redoble los esfuerzos y, sobre todo, que sean sostenibles en el
tiempo. Es bien sabido que son muchas las entidades y organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, así como agencias de cooperación, tanto
nacional como extranjera, que han acudido en su ayuda ante el llamado clamoroso
de la comunidad wayuu, pero las mismas actúan sin orden ni concierto, cada
quien por su lado. Los esfuerzos aislados, dispersos, puntuales, inconexos y
sin mayor planeación y concertación con las autoridades tradicionales sirven de
poco, máxime cuando muchos de ellos son esporádicos y de bajo impacto. Se requiere que el Gobierno asuma dicha coordinación, con
el fin de que la acción sea más eficaz e integral, porque la problemática como
está planteada tiene tres aristas, como son la cobertura en salud y saneamiento
básico, el abastecimiento de agua y suministro de alimentos. La
clave del éxito de dicha intervención está en la integralidad y sostenibilidad
de la misma.
Creo que ha llegado la hora de acometer una estrategia
envolvente, integradora de esfuerzos, incluyente de las comunidades y de
focalización de la intervención por parte del Estado en sus distintos niveles a
través de un plan de choque, que bien lo puede delinear e instrumentar el Gobierno
Nacional a través de una directiva presidencial que expida el presidente
Santos. Además, se debe implementar en los municipios aludidos el nuevo Modelo
de atención en salud establecido por el Gobierno Nacional aplicable a zonas
aisladas y dispersas, como estos y dar curso al Documento Conpes para la
erradicación de la pobreza en La guajira, el cual después de haber sido concertado
se quedó en el borrador y hoy más que nunca resulta pertinente.
Por: Amylkar
Acosta Medina
