ANTES QUE CAMBIAR LA NORMA, CAMBIEMOS AL HOMBRE

Mientras que los gobernantes sigan utilizando como distractor colectivo la errónea y solapada idea que los males que aquejan al Estado colombiano, en particular el que se refiere al uso indebido por parte de algunos servidores de los recursos públicos se subsana mediante la expedición de actos legislativos reformatorio de la Constitución o de las leyes, continuaremos del timbo al tambo y dando pasos de cangrejos.

La aprobación en octavo y último debate de reforma al control fiscal que ejerce las Contraloría General de la República, Departamental, Distrital y Municipal, constituye un significativo avance en contra de la lucha contra la corrupción que se pavonea cuan buen señor haciendo alarde de inalcanzable e intocable sus tentáculos que asemejan al mitológico animal hidra. El tal control preventivo, sin eliminar el control posterior y selectivo, podría eventualmente minimizar el saqueo a las arcas públicas, jamás para erradicarlo.

Tal decisión evidencia que el control fiscal posterior y selectivo establecido en la Constitución de 1991, durante casi tres décadas de vigencia se había constituido en un rey de burla, debido que, cualquier requerimiento o control por parte de estas entidades tenían que generarse una vez que en la administración se habían cumplido todos los procesos (planeación, contratación, ejecución, evaluación).

Corolario con lo anterior, la exponencial indelicadeza de un buen número de servidores públicos, en todas las esferas del Estado, y los particulares que cumplen función pública o manejan recursos públicos, sin temor a la justicia terrenal, mucho menos la divina, feriando dichos recursos destinados para atender las necesidades de las comunidades, sobre todo, las más vulnerables que en Colombia se cuentan por millones.

No se trata de volver al control previo y perceptivo previsto en la constitución de 1886, donde las Contralorías tenían oficinas en cada entidad del Estado y coadministraban la cosa pública. El control preventivo recién aprobado, es concomitante con el control posterior y selectivo previsto en la constitución de 1991. Lo que es innegable, es el gran paso en la lucha contra la corrupción que, según el recién salido del cargo de contralor General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, “en Colombia, no hay corrupción sino robadera”.

Según el hoy contralor General de la Nación, Carlos Felipe Córdoba, “con esta reforma, los únicos que deben tener miedo son los corruptos, los contratistas incumplidos, los que juegan con el patrimonio público y les arrebatan a los colombianos la posibilidad de vivir mejor. Con ellos vamos a ser implacables”. Ojalá y así sea.

Empero, no es suficiente debido que, se hace necesario, además, una reforma constitucional en cuanto la exigencia de idoneidad profesional a los aspirantes a cargos de elección popular y cero tolerancias en materia penal con quienes tienen la gran responsabilidad de manejar recursos públicos, sean servidores públicos o particulares.

Además, sería saludable contralor, antes que sancionar al hombre, educar al niño. ¿Cómo hacerlo? Volver a la institucionalización de la asignatura en todos los niveles de educación de la urbanidad de Carreño (ética y valores). Así tendremos servidores públicos, además de competentes en saberes, también en buen obrar con temor a Dios y respetuosos y comprometidos con los recursos públicos. De lo contrario, seguiremos dando palo de ciego.

Un tema objeto de ardua discusión fue la propuesta de eliminar las Contralorías Territoriales, no Regionales, las cuales se mantienen, pero no serán los contralores elegidos por la Asamblea Departamental ni el Concejo Distrital y Municipal, sino a través de un concurso público de méritos, único y nacional para evitar las interferencias de la clase política territorial. O sea, se rompe el cordón umbilical entre los mandatarios y quienes deben controlarlos, investigarlos y sancionarlos cuando respetando el debido proceso, derecho a la defensa, conocer las pruebas, aportar y contradecirlas la autoridad judicial o administrativa (Procuraduría, Contraloría, jueces y magistrados), toman las decisiones que en derecho correspondan.

Adenda única: tengo mis reservas, respeto que, el control preventivo no sea utilizado como espada de Damocles para perseguir y sancionar a quienes sean contrario político del operador fiscal.

escribió:

Ignacio Escudero Fuentes

abogado especialista en IJP y derecho público Uninacional – docente Uniguajira

ALHARACAS

Si dos cosas son iguales no hay para que escoger tanto. Y, lo más grave es que, el contralor elegido por el Congreso, para nada va a cambiar la grave crisis de valores que vivimos, reflejados en las grandes estructura del Estado colombiano, ante las recurrentes indelicadezas de altos funcionarios públicos -también medio y bajo- feriándose los recursos que, según la normatividad son sagrados e intocables.

Me refiero a las recurrentes alharacas que hacen los medios de comunicación que actúan como distractor social (periódicos impresos, virtuales, web, redes sociales, otros), respeto a la escogencia de diez candidatos por parte de una universidad para luego entregar al Congreso como nominador natural, quien elegirá al nuevo contralor General de la Nación para el próximo cuatrienio constitucional.

En efecto, el pasado lunes 20 de agosto de 2018, en sesión plenaria del Congreso, eligió al que remplaza al valduparense, Edgardo Maya Villazón, quien anunció públicamente que al país “se están robando todo”. Antes, dijo que “aquí no hay corrupción. Hay que cambiar el término. Aquí lo que hay es una robadera”. La pregunta del millón, al excontralor, que hizo usted como máxima autoridad del control fiscal en Colombia para erradicar dicho flagelo? Porque, a mi juicio pudo hacer y no lo hizo. Por ejemplo una reforma a la Contraloría, cambiando el ineficaz control posterior y selectivo.

La robadera, se disparó exponencialmente con la entrada en rigor el control posterior y selectivo, previsto en la Constitución de 1991. En qué consiste? Nada más y nada menos que la Contraloría a través de las auditorias fiscales, llega a las entidades un año después, a revisar qué pasó con los recursos de la vigencia anterior. O sea, a escarbar las cenizas para ver si quedó algo. Casi siempre el resultado es nada. Y cuando encuentran los hallazgos, sobre todo fiscal, se inicia proceso que, en doble instancia dura entre tres y cinco años, de tal manera que si encuentran responsable, y/o a prescripto o el fallo es simbólico. Debido que, el personaje desvió su patrimonio mal habido y se declara insolvente.

De todas maneras, la corrupción o “robadera”, como la calificó el alto funcionario, no se va acabar. Ella ha existido desde los pasajes bíblicos, existe y existirá, porque es connatural a la especie humana. Lo que sí es posible, minimizarla. O sea, reducirla a su mínima expresión. Para ellos, necesitamos cambiar el control posterior y selectivo e implementar un mecanismo mixto que, permita al ente fiscal participar desde el proceso de selección, ejecución y evaluación de todos los procesos que se surten en la institucionalidad, sobre todo la contractual.

Otra, que el contralor no sea elegido por el Congreso, para evitar “me elije, no te sanciono”, que es lo recurrente en el país, sino que su escogencia sea mediante el voto popular.

Además, diseñar un modelo electoral que reduja significativamente los altos costos de una campaña del ejecutivo (municipal, distrital, departamental y nacional), inclusive. Como ejemplo, un candidato a alcaldía, gasta diez mil millones en su proselitismo, gana, se posesiona y durante los cuatros años en ejercicio del cargo entre sueldo y prestaciones, se gana tres mil millones. Sin embargo, hizo una inversión de diez mil millones. Pregunto: ¿De dónde salen los siete mil restante y las utilidades que genera una macro inversión como la ante anunciada?

Los altos costos de las campañas electorales, el control posterior y selectivo que ejerce la Contraloría, entre otros, seguirán siendo caldo de cultivo para que la robadera continúe en el país, pongan al contralor que quieran.

Adenda única: la luz, al final del túnel la verán -nosotros no- otras generaciones, cuando los gobernantes entiendan que el problema no se resuelve legislando, sino implementando un modelo educativo que inicie desde el hogar, pasando por la básica primaria, secundaria, superior, donde se privilegie al igual que el conocimiento disciplinar, el buen obrar. No hay de otra, urbanidad de Carreño para todos.

escribió:

Ignacio Escudero Fuentes

abogado. especialista derecho público Uninacional-docente Uniguajira

BORRARON CUENTAS POR $ 746.000 MILLONES EN LA GUAJIRA EN GOBIERNO DE WEILDLER GUERRA

De acuerdo a una información de prensa de la Contraloría General de la República, no pudo verificarse los estados financieros de los recursos de regalías y establece que en La Guajira se borraron cuentas por 746 mil millones de pesos.

El comunicado de prensa 241 asegura que “la Gobernación de La Guajira no suministró a la Contraloría General la información contable, ni los estados financieros del Sistema General de Regalías (SGR) porque, según certificación emitida por el funcionario responsable de la contabilidad  “el 28 de julio de 2017, se produjo un fallo en la base de datos del sistema de información financiera y se borró toda la información contable”.

También indica que “entre 2012 y 2016 la Gobernación de La Guajira recibió 746 mil millones de pesos en  recursos de regalías. La CGR pudo establecer que a diciembre de 2016 la Gobernación tenía un saldo en las cuentas maestras del SGR de $109.594 millones.

Debido a la pérdida de la contabilidad y la no entrega de estados financieros certificados de períodos anteriores, la CGR no pudo establecer la veracidad de la información o el estado real de las cuentas

Se  inició a un proceso sancionatorio y se compulsarán las denuncias que correspondan a la Procuraduría, la Fiscalía, la Contaduría General de la Nación y a la Junta Central de Contadores.

Al mismo tiempo, se precisa que el organismo de control solicitó en tres ocasiones a la Gobernación, la entrega de los libros oficiales de la contabilidad y por ello se realizó una auditoría financiera al SGR.

La comisión fue atendida por el director Administrativo de Planeación, el secretario de Hacienda, la asesora de despacho de la Gobernación, el  jefe de Control Interno de la Gobernación entre otros funcionarios, en la que el ente de control reiteró la solicitud, ante lo cual se entregó información de forma parcial e incompleta.