ALHARACAS

Si dos cosas son iguales no hay para que escoger tanto. Y, lo más grave es que, el contralor elegido por el Congreso, para nada va a cambiar la grave crisis de valores que vivimos, reflejados en las grandes estructura del Estado colombiano, ante las recurrentes indelicadezas de altos funcionarios públicos -también medio y bajo- feriándose los recursos que, según la normatividad son sagrados e intocables.

Me refiero a las recurrentes alharacas que hacen los medios de comunicación que actúan como distractor social (periódicos impresos, virtuales, web, redes sociales, otros), respeto a la escogencia de diez candidatos por parte de una universidad para luego entregar al Congreso como nominador natural, quien elegirá al nuevo contralor General de la Nación para el próximo cuatrienio constitucional.

En efecto, el pasado lunes 20 de agosto de 2018, en sesión plenaria del Congreso, eligió al que remplaza al valduparense, Edgardo Maya Villazón, quien anunció públicamente que al país “se están robando todo”. Antes, dijo que “aquí no hay corrupción. Hay que cambiar el término. Aquí lo que hay es una robadera”. La pregunta del millón, al excontralor, que hizo usted como máxima autoridad del control fiscal en Colombia para erradicar dicho flagelo? Porque, a mi juicio pudo hacer y no lo hizo. Por ejemplo una reforma a la Contraloría, cambiando el ineficaz control posterior y selectivo.

La robadera, se disparó exponencialmente con la entrada en rigor el control posterior y selectivo, previsto en la Constitución de 1991. En qué consiste? Nada más y nada menos que la Contraloría a través de las auditorias fiscales, llega a las entidades un año después, a revisar qué pasó con los recursos de la vigencia anterior. O sea, a escarbar las cenizas para ver si quedó algo. Casi siempre el resultado es nada. Y cuando encuentran los hallazgos, sobre todo fiscal, se inicia proceso que, en doble instancia dura entre tres y cinco años, de tal manera que si encuentran responsable, y/o a prescripto o el fallo es simbólico. Debido que, el personaje desvió su patrimonio mal habido y se declara insolvente.

De todas maneras, la corrupción o “robadera”, como la calificó el alto funcionario, no se va acabar. Ella ha existido desde los pasajes bíblicos, existe y existirá, porque es connatural a la especie humana. Lo que sí es posible, minimizarla. O sea, reducirla a su mínima expresión. Para ellos, necesitamos cambiar el control posterior y selectivo e implementar un mecanismo mixto que, permita al ente fiscal participar desde el proceso de selección, ejecución y evaluación de todos los procesos que se surten en la institucionalidad, sobre todo la contractual.

Otra, que el contralor no sea elegido por el Congreso, para evitar “me elije, no te sanciono”, que es lo recurrente en el país, sino que su escogencia sea mediante el voto popular.

Además, diseñar un modelo electoral que reduja significativamente los altos costos de una campaña del ejecutivo (municipal, distrital, departamental y nacional), inclusive. Como ejemplo, un candidato a alcaldía, gasta diez mil millones en su proselitismo, gana, se posesiona y durante los cuatros años en ejercicio del cargo entre sueldo y prestaciones, se gana tres mil millones. Sin embargo, hizo una inversión de diez mil millones. Pregunto: ¿De dónde salen los siete mil restante y las utilidades que genera una macro inversión como la ante anunciada?

Los altos costos de las campañas electorales, el control posterior y selectivo que ejerce la Contraloría, entre otros, seguirán siendo caldo de cultivo para que la robadera continúe en el país, pongan al contralor que quieran.

Adenda única: la luz, al final del túnel la verán -nosotros no- otras generaciones, cuando los gobernantes entiendan que el problema no se resuelve legislando, sino implementando un modelo educativo que inicie desde el hogar, pasando por la básica primaria, secundaria, superior, donde se privilegie al igual que el conocimiento disciplinar, el buen obrar. No hay de otra, urbanidad de Carreño para todos.

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Ignacio Escudero Fuentes

abogado. especialista derecho público Uninacional-docente Uniguajira