La sala plena realizó un estudio que duró varias semanas y ayer lunes el alto tribunal tumbó la declaratoria con la que el gobierno nacional pretendía superar la crisis humanitaria en la península.
El decreto emitido el pasado 2 de julio, otorgaba al jefe de Estado poderes extraordinarios para destinar recursos sin necesidad de la aprobación del Congreso de la República u otros mecanismos.
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