En
Colombia, país del Sagrado Corazón de Jesús cuando se hablaba de corrupción
involucraban servidores públicos de la rama ejecutiva (nacional, departamental,
distrital y municipal), inclusive. Muy pocas veces congresistas si tenemos en
cuenta que no son ejecutores de políticas públicas, tampoco ordenadores de
gastos. Consecuencia lógica, dentro de las funciones que cumplen no está la
celebración de contratos donde demostrado hasta la saciedad se anida el más
grande flagelo que carcome la sociedad avivada por el capital privado:
corrupción.
Cuando
salió a la luz pública el caso de Fidupetrol, que involucraba a un magistrado de
la Corte Constitucional por un presunto soborno -a la fecha no se ha producido
condena sancionatoria- el país no salía del asombro que un togado de la más
alta dignidad de la justicia estuviera involucrado en caso de corrupción,
cuando por mandato constitucional, legal y moral es su responsabilidad combatir
dicha pandemia.
Hace
varias semanas, los colombianos de bien mayoritariamente aun grogui por tal
hecho, fuimos sorprendido por las declaraciones del fiscal General de la Nación,
cuando empujado por la justicia norteamericana le tocó informar a Colombia y el
mundo que el Zar Anticorrupción de la Fiscalía, está envuelto en un caso de
corrupción. O sea, algo así como el ratón cuidando el queso.
No
suficiente con los hechos de corrupción de altos funcionarios del Estado, tanto
de la rama ejecutiva como legislativa y organismos de control, nuevamente el fiscal
avivado por los del norte se ve obligado a entregar declaraciones indelicadas
que involucran a tres expresidentes, nada más y nada menos de la honorable Corte
Suprema de Justicia. ¡Si señores!, los máximos representantes de la justicia
ordinaria en Colombia.
La administración
de justicia, representada por las altas cortes (Constitucional, Consejo de
Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia), pasa por
su peor momento. Al caos que se vive a diario en los despachos judiciales, con
miles de procesos represados, que, ni los cientos de despachos judiciales de
descongestión han podido hacer eficiente, eficaz al operador judicial en la
toma de decisiones.
La
gran mayoría de compatriotas tienen sus reparos a la justicia por ciega, sorda,
muda y morosa. Sí a lo anterior, agregamos, corrupta; seria apaga y vámonos.
Por eso el país debe conocer la verdad del escándalo que, salpica a tres expresidentes
de la Corte Suprema, si se quiere que los colombianos vuelvan a confiar en la administración
de justicia.
Empero,
tengo mis dudas frente a los resultados que pueda generar las investigaciones
que recién inician, debido que, por mandato constitucional dos de los extogados
deben ser investigado por la famosa y desgastada Comisión de Acusaciones de la
Cámara de Representantes, mientras que el tercero para la época de los hechos
actuó como abogado litigante, será investigado por la Fiscalía en los presuntos
delitos en que haya incurrido y por el Consejo Superior de la Judicatura, por
su eventual violación al estatuto del abogado.
Los
antecedentes sobre las investigaciones de competencia de la Comisión de
Acusaciones de la Cámara de Representantes, no son los mejores. A tal punto que
esta célula de la cámara baja, ha sido calificada por eruditos en derecho y
medios de comunicación Comisión de Absoluciones. Debido que, lo que ahí llega,
ahí muere.
Así
las cosas, toca apelar a la frase que se hizo famosa de un humorista mexicano
cuando decía ¡Chanfle! y ahora quien podrá salvarme. Parodiando, nosotros en Colombia,
tendíamos que decir: ¡Chanfle! y ahora quien podrá ayudarnos.
Como
está estructurado el Estado, sus instituciones, servidores públicos y el marco
normativo, me temo que no pasará nada como ha ocurrido con cientos de casos que
han movido y socavado las estructuras de la democracia colombiana y han quedado
en solo cantos de sirenas, como seguro ocurrirá en este caso. Ruego a Dios
estar equivocado.
Adenda
única: la paz en Colombia, la cual comparto, será posible sin corrupción y
justicia social.
escribió:
Ignacio Escudero Fuentes
