
Al funcionario le acusan de cuatro conductas punibles que fueron desvirtuados por su abogada Mauren Puente Vidal, quien al conocer la decisión del juez de control de garantías presentó la apelación.
De acuerdo con la apoderada, las llamadas telefónicas interceptadas y presentadas por la Fiscalía fueron desvirtuadas porque las voces son de personas diferentes a las de Carrillo Pérez.