Cuando estamos a
punto de finalizar el cuarto mes del 2017 y no haberse iniciado el servicio
escolar en todos los claustros educativos, la Procuraduría General de la Nación
reclamó a la administradora temporal del sector educación para el departamento
de La Guajira que inicien las clases.
El Ministerio
Público exigió a su vez que se brinde a los estudiantes una debida y oportuna
prestación de los servicios de transporte y el Programa de Alimentación
Escolar, PAE.
Dentro del boletín
291 de ese organismo de control disciplinario se establece que se debe garantizar
el derecho a la educación en los 15 municipios del departamento, porque esa es
la función que se estableció con la intervención ordenada por el Ministerio de
Educación Nacional.
Al mismo tiempo, la
Procuraduría solicitó le ejecución de las estrategias y proyectos para mejorar
las condiciones estructurales y locativas de las instituciones escolares.
La administradora
temporal de la educación, que tiene intervenido el departamento, según el
Ministerio Público debe tomar de manera urgente las medidas necesarias para el
suministro en condiciones de dignidad y calidad a todos los menores
matriculados en los colegios incluyendo a los pertenecientes a la etnia wayuu.
