En alianza con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Fondo para la Paz disponen del inmueble evaluado en más de 713 millones de pesos, que se encontraba bajo la responsabilidad de la Sociedad de Activos Especiales, SAE.
Los niños en especial de la etnia wayuu estarán recibiendo atención en una casa que, anteriormente fue relacionada como adquirida con dineros de corrupción por parte del gerente de una IPS en el municipio fronterizo, confiscándole esta propiedad raíz.
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