El pasado jueves tuvo lugar en
Barranquilla la Cumbre energética a la que concurrieron los 8 gobernadores de
la región Caribe, los alcaldes de sus capitales y caracterizados dirigentes
gremiales, políticos y sociales. Ya el 17 de noviembre del año anterior, los
gobernadores recién electos reunidos en la Universidad Autónoma del Caribe
habían resuelto escalar la problemática de la prestación del servicio de
energía eléctrica en la región Caribe al nivel presidencial como última
instancia y así quemar el último cartucho.
En efecto, el presidente de la República Juan
Manuel Santos, aceptó el reto y decidió coger el toro por los cachos, aceptando
la invitación a la Cumbre. Pero quiso él que esta se desarrollara como un
taller, en el que participó activamente como moderador desde principio a fin;
no como suele darse en eventos como este, en donde el Jefe de Estado llega
pronuncia su discurso de instalación o de clausura, se va y quedamos en las
mismas. Tuvo el primer mandatario la paciencia de escuchar, discutir,
controvertir, para, al finalizar el ejercicio, tomar las decisiones que tomó,
sin falsas promesas y sin postergar las soluciones largamente esperadas.
Como abrebocas del panel, la experta Carmenza Chahín
hizo una síntesis del trabajo que le encomendamos a nuestro paso por el
Ministerio de Minas, Energía e Hidrocarburos, en el cual se hizo el diagnóstico
de la calamitosa situación en la que se debate el sistema eléctrico de la
región Caribe y se plantearon las recomendaciones para superarla. Estas me sirvieron
de base para plantear un plan de choque, el mismo que posteriormente el ministro
Tomás González le dio desarrollo a través del Plan 5 Caribe.
Este contempla los proyectos estratégicos que se
requieren para tratar de recuperar el tiempo perdido, el cual se ha traducido
en un rezago histórico de más de 20 años durante los cuales no se hicieron las
inversiones que han debido hacerse en su momento. Ello, sumado al incremento de
la demanda de energía en la región, que ha crecido a un ritmo del 5.9%, muy por
encima del promedio nacional, llevó al colapso la operación del sistema. Este Plan
ya está en marcha y las obras se están ejecutando, comprometiendo una inversión
del orden de los $ 5 billones, de los cuales $ 1,1 corren por cuenta de Electricaribe.
Hubo consenso en la reunión en que el Plan 5 Caribe
es necesario pero no suficiente, es parte de la solución, pues la gravedad de
la situación amerita acciones complementarias. Empezando por la urgencia de
imprimirle celeridad a las ejecución del mismo y para ello hicimos dos
propuestas, las cuales fueron acogidas de inmediato por el presidente. La
primera, que el paquete de estos proyectos fuera considerado como de interés
estratégico nacional (Pines) y en consecuencia, como lo establece el Plan de
Desarrollo, de utilidad pública e interés social. Ello hace más expedito y
reduce los términos para los trámites que tienen que ver con licencias
ambientales, consultas previas y adquisición de predios; reduciendo los tiempos
de su ejecución. Con tal fin se expedirá un Conpes en los próximos días. La
segunda, que en lugar de invertir los recursos provenientes de los fondos Prone
y Faer en los proyectos de normalización de redes y ampliación de cobertura,
respectivamente, al mismo ritmo al que se generan tales recursos, más bien
hacer un ejercicio de ingeniería financiera consistente en titularizar o
pignorar el monto de lo que se espera recibir hasta el 2018 y con ellos
constituir un patrimonio autónomo con esta destinación específica. De esta
manera, se puede disponer ya de los recursos y proceder a la contratación de
las obras, que no dan más espera.
También le propusimos al presidente, y así lo
dispuso, designar un gerente para que este sea el responsable de la ejecución
del Plan 5 Caribe, que esté en el día a día, con dedicación exclusiva, de
tiempo completo, que sirva de articulador de los distintos actores que tienen
que ver con la buena marcha del mismo. A ello le añadió el presidente la
iniciativa de un delegado especial por parte de la Superintendencia de
Servicios Públicos, para que se ocupe única y exclusivamente de vigilar el
cumplimiento por parte de Electricaribe de los compromisos adquiridos, así como
la defensa de los usuarios, in situ y no desde Bogotá. También sugerimos y fue
aceptado, que la comisión de seguimiento y control del Plan 5 Caribe, creado
por el ministro Tomás, en lugar de reunirse cada tres meses, como lo viene
haciendo, de ahora en adelante se reúna cada 15 días (¡!).
Adicionalmente, se adquirió por parte del sector
oficial el compromiso de saldar, a la mayor brevedad su deuda con Electricaribe,
la cual supera los $ 150.000 millones. Y en cuanto a la deuda, prácticamente
impagable, contraída por parte de los usuarios de las zonas rurales y las de
difícil gestión, que supera los $ 400.000 millones se quedó en buscar un
mecanismo para capitalizarla por parte del Estado. Pero, también se demandó de
parte de Electricaribe que, además de mejorar su gestión y la atención al
usuario, poner de su parte lo que le corresponde en materia de inversión y
mantenimiento. No pueden seguir condicionándolas “a los flujos de caja de la
compañía”, el presidente fue categórico al exigirles que, en un plazo perentorio
no mayor a los 60 días, para presentar su “plan de mejoramiento de la
prestación del servicio”. Para ello, lo dejó en claro y se lo exigió el presidente,
deberán capitalizar la empresa, con el fin de que esta tenga el músculo
financiero requerido para poder cumplir.
Por: Amylkar
Acosta Medina
