PUJA HISTÓRICA !

El próximo 23 de enero será un día clave en la Corte Suprema de Justicia, debido a que la sala plena del Alto Tribunal se reunirá para abordar temas como la elección por vacantes a siete magistrados y cómo si fuera poco la del próximo fiscal General de la Nación. 

El ejecutivo, legislativo, las altas cortes, los organismos de control, a través de sus integrantes deben estar como “caimán en boca de caño” haciendo lobby ante los 16 magistrados que actualmente la conforman. Primero, para colocar a sus apadrinados en algunas de las vacantes y de contera, la escogencia del fiscal General de la Nación que según la Constitución es de la terna que presentó el presidente de la República ante la misma Corporación.

La terna presentada por el ejecutivo, está conformada por el consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa; la secretaria Jurídica de la Presidencia, Clara María González y el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez. Según los expertos en política, el que tiene más opción es Barbosa, por ser, el más cercano al presidente, Iván Duque Márquez, fueron compañeros de estudios en el programa de derecho en la universidad Sergio Arboleda y buenos amigos.

Como se recordará, la Corte Suprema de Justicia en Colombia, es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y está integrada por 23 magistrados. Según el Artículo 15 de la ley 270 de 1996, los miembros de esta Corte son elegidos por la misma Corporación para períodos individuales de ocho años. No son reelegibles (Artículo 233 superior).

Es importante precisar que, para su normal funcionamiento la Corte Suprema de Justicia se divide en salas con particularidades específicas. La sala plena integrada por todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sala de gobierno integrada por el presidente y el vicepresidente de la Corte Suprema y los presidentes de cada una de las salas especializadas, la sala de casación civil y agraria está integrada por siete magistrados y la sala de casación penal está integrada por nueve magistrados. Tanto la elección de los siete magistrados como la del fiscal General, deben ser escogido por la sala plena.

En este caso por los 16 magistrados que actualmente la conforman, que constituyen al mismo tiempo la mayoría requerida para nombrar al nuevo jefe del ente acusador.

Sin descartar que, la decisión se tome con la totalidad de sus miembros titulares, si así lo deciden, cubriendo las vacantes antes de la elección del fiscal General de la Nación.

El año anterior, en varias sesiones los 16 magistrados que conforman la Corporación no lograron ponerse de acuerdo, debido que, las siete vacantes que aún hay se requiere unanimidad. Entre tanto, la Fiscalía permanece en interinidad desde hace siete meses, en cabeza del exdirector de la Unidad Delegada ante la Corte, Fabio Espitia, quien asumió tras la renuncia del exfiscal, Néstor Humberto Martínez y la Corte sesiona con 16 de los 23 magistrados que la conforman.

Adenda 1: referente a la elección del fiscal General de la Nación, no hay discusión, debido que, será el que diga el presidente.

Adenda 2: en la elección de los siete magistrados, se debe estar cocinando que partido político coloca el mayor número que garantice el manejo de las grandes decisiones que a futuro se deben tomar.

Adenda 3: la ñapa! También la Corporación deberá elegir el próximo presidente del alto tribunal, para la cual también se requerirá 16 votos. O sea, decisión unánime.

escribió:

Ignacio Escudero Fuentes

INMUNDA INTROMISIÓN

Sin precedente en la historia colombiana que, otro estado con sus decisiones pretenda influir en las decisiones soberanas, autónomas e independientes de las autoridades legítimamente constituidas. 

Me refiero a la inmunda e indebida intromisión del país del norte contra magistrados de las altas cortes, al parecer por trascendentales decisiones en ejercicio del poder soberano que les confieren la Constitución de 1991 y las leyes. Sin desconocer que es una decisión autónoma, que no se puede discutir ni judicial ni administrativamente.

El revuelo político, administrativo y jurídico que ha causado las decisiones de Estados Unidos de cancelar la visa a varios togados de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, en particular, el ponente de la ley estatutaria de la JEP y ahora de las objeciones en el Senado, entre otros.

El Consejo de Estado y Justicia Especial de Paz, han expresado su malestar y rechazo cualquier tipo de injerencia y presión que pueda ejercer cualquier estado frente a las decisiones judiciales que están soportadas en la autonomía e independencia. En efecto, la máxima autoridad judicial en lo contencioso administrativo sobre el particular dijo “respeta profundamente la autonomía de los Estados y de sus representaciones diplomáticas en nuestro país”. Sin embargo, manifestó que “no debe utilizarse absolutamente ningún elemento, decisión o actuación como mecanismo de presión o represalia frente a las decisiones judiciales”.

Asimismo, se pronunció la Justicia Especial de Paz, cuando sostuvo “respeta la autonomía de los Estados y sus diplomáticos, rechaza cualquier decisión o circunstancia que sirva de mecanismo de presión indebida frente a decisiones judiciales”. Posteriormente, el Consejo Superior de la Judicatura, que rechaza “cualquier clase de acto que pretenda menoscabar la autonomía e independencia de la rama judicial”.

Todo lo anterior, al parecer como consecuencia de los temas álgidos que manejan las altas cortes, en particular la constitucional que, como “la guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución”, maneja temas claves que afectan a Estados Unidos, como la decisión sobre el glifosato, las objeciones a la JEP, otros.

Lo cierto e irrefutable es que, el país se debate en una profunda crisis igual a mayor que la vivida por los hermanos venezolanos, al igual que ellos, aparece como el ave fénix el Tío Sam, a dar catedra de legalidad y transparencia, cuando nuestra independencia y autonomía así sea normativa, nos señalan que nuestros problemas, independientemente si el gobierno lo está o no haciendo bien, la oposición lo está o no haciendo bien, las altas cortes lo están o no haciendo bien. Independientemente de eso, lo menos que requerimos y exigimos como colombiano es respecto al estado de derecho, sus instituciones y por supuesto a los servidores públicos en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, sin importar si son de la rama ejecutiva, legislativa, judicial, organismos u órganos de control.

No se discute que, tenemos serios problemas por el alto índice de indelicadezas en la administración y uso de los recursos públicos a todos los niveles de la institucionalidad, estimulado por el capital privado salvaje y avasallador. Tampoco, podemos ocultar la falta de credibilidad, sobre todo por el aberrante caso del Cartel de la Toga, donde aparecen involucrados magistrados de las altas cortes. Empero, inaceptable es que servidores públicos de otros estados pretendan con intimidación someter a los magistrados quienes, en su sabiduría Y buen tino produzca las decisiones que en derecho correspondan.

Adenda Única: Respeto, pero no estoy alineado con el gobierno, tampoco con la oposición; apoyo el estado de derecho, en el entendido que, cualquier interferencia externa, acto injusto, persecución, contra cualquier autoridad pública, constituye una agresión contra la independencia y autonomía a la que hace referencia la Constitución de 1991.

escribió:

Ignacio Escudero Fuentes

abogado especialista en IJP y derecho público Uninacional - docente Uniguajira